Congreso PRD: autolegalización con definiciones pospuestas

El XIII Congreso Nacional del PRD concluyó trabajos en la madrugada de hoy domingo. Para quienes no estuvimos la información de los detalles ha fluido por diferentes vías a lo largo del día. Con la que cuento a la hora de escribir puedo hacer las siguientes observaciones:

Los temas agendados para el Congreso presagiaban dificultades para obtener resolutivos unificados definitivos: 

- Determinar el método para seleccionar al candidato presidencial dividía las opiniones entre quienes preferían la consulta a la militancia del partido o una consulta directa abierta a la gente interesada en ir a expresarla (lo cual se presuponía sería favorable a López Obrador) y entre aquellos que insistieron en que el factor de decisión fuera el levantamiento de una o varias encuestas abiertas entre la población, complementadas con debates entre los aspirantes (lo cual presumiblemente favorecería a Marcelo Ebrard). La tensión de la polémica pareció desactivarse con las declaraciones del propio López Obrador en el sentido de que aceptaba encuestas siempre y cuando no incluyan las opiniones de priístas y panistas. (Ese "asegún" habrá de jugar su travesura en fecha futura, no hay duda). Por lo pronto el Congreso resolvió abrumadora y salomónicamente: 

"convocar a la realización de una consulta a la ciudadanía, mediante la celebración de diversas encuestas abiertas a la ciudadanía, en las que se permita conocer las preferencias del electorado acerca de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRD".

Con lo cual parecería haberse inclinado a favor de los impulsores de Ebrard. Sin embargo... 

¿cómo explicar que el acuerdo lo votó ampliamente la corriente Izquierda Democrática Nacional (la IDN de Padierna y Bejarano de peso específico importante en el partido) la cual ya manifestó abiertamente su apuesta por AMLO y ha desplegado su trabajo nacional en torno a él?. Pues porque posterior al párrafo mencionado el acuerdo establece que serán los Consejeros Nacionales quienes tendrán la última palabra sobre la candidatura "tomando en cuenta para su definición los resultados de encuestas abiertas a la ciudadanía y los posibles acuerdos a que lleguen los candidatos".

Así mismo. Las encuestas, tan publicitadas hoy, no serán vinculantes (como se dice ahora). No serán el factor definitivo para la decisión. Ésta estará en manos de las corrientes mayoritarias del partido y de los acuerdos que establezcan éstas con los candidatos, y los que pudieran haber entre éstos mismos. Con el agregado de las  posibles "terceras opciones" (aparentemente ya estaban descartadas) que no debe pasarse por alto:  "el PRD cuenta con personalidades con posibilidades reales de obtener el triunfo, así como destacados ciudadanos que han expresado su disposición en participar en el proceso de selección que convoque nuestro partido". Así, el resolutivo le da por el lado a todos los grupos internos mayoritarios sin establecer aparente ventaja para ninguno, a pesar de lo que algunas voces ya difunden. Es decir, la guerra política para definir la candidatura aún está por venir.

¿Y quienes son los Consejeros Nacionales que habrán de decidir al candidato presidencial? Pues podrían ser los miembros de una instancia de dirección partidaria que ya venció sus plazos legales de existencia de tres años, mismos que fenecieron en marzo pasado. De acuerdo a los estatutos desde entonces debieron renovarse Consejeros Nacionales y Delegados al propio Congreso Nacional. Por razones diversas no se ha hecho y eso ha tenido a esas instancias directivas y a sus resoluciones, acciones y acuerdos en el filo de la ilegalidad. Tratar de resolver este inconveniente, que no es menor, fue la razón principal por la que se convocó al Congreso. 

La vida interna del PRD se llevó al riesgo extremo de que los tribunales pudieran declarar ilegales a las instancias de dirección nacional (Congreso y sus acuerdos incluidos), con lo cual pudiera ser sancionado y obligado a realizar las renovaciones pero ya en condiciones de tiempos comprimidos rumbo a las elecciones del año próximo. Llama la atención que, perdidos en las grillas de las precandidaturas presidenciales, las encuestas y la política de alianzas, los medios de comunicación no le hayan prestado atención a este tema crucial para el PRD. Como cosa secundaria reportan que el Congreso "también resolvió algunos cambios estatutarios" y de manera inconexa registren las protestas y los llamados a la legalidad de una franja de delegados agrupados en siete corrientes minoritarias entre los congresistas, denominados Frente Nacional Patria para Todos y Todas (FNPTT), quienes, a su vez, ya han acudido ante las instancias jurisdiccionales internas y los tribunales a demandar la renovación estatutaria de las direcciones nacionales del partido.

Los "algunos cambios estatutarios" están diseñados para tratar de resolver esta torcedura legal pero sin tener que proceder a la renovación de las direcciones. El propio Congreso ya obtuvo sus resolutivos y ahora habrán de turnarse a las instancias legales federales para tratar de validarlos. (Vale mencionar que dos días antes de la instalación del Congreso, el Tribunal Federal Electoral agendado para tratar y resolver en su sesión plenaria el tema de las impugnaciones mencionadas, -seguramente por peticiones, gestiones y cabildeos de muy buen nivel- decidió retirar y posponer repentinamente el punto, con lo cual le estaría dando un espaldarazo prematuro a los resolutivos de este fin de semana).

De ser así y el asunto llegara a quedar legalmente resuelto con los cambios estatutarios, la mayoría actual de la dirección del partido estaría alcanzando también el objetivo político de mantener la actual composición del Consejo y el Congreso Nacionales y con ello se podría estar sosteniendo artificialmente una relación de fuerzas y de representatividad internas que ya no se corresponde necesariamente con la nueva realidad política nacional del partido que, obviamente, se ha modificado en más de tres años. 

Por la natural movilidad política de los militantes y las nuevas afiliaciones, la representación y peso específico de las diversas corrientes en las bases del partido seguramente se ha modificado en ese tiempo, cambio que ahora no se refleja en las instancias de decisión. El mismo caso existe para la representación territorial según una renovada y modificada implantación del partido a nivel nacional. Por mencionar un ejemplo: la ponderación del número de delegados al Congreso Nacional considera factores de afiliación y de resultados electorales previos por distrito electoral. Números que desde luego se han modificado. Por eso el estatuto considera la renovación cada tres años, para que los cambios en la realidad política y organizativa-territorial se reflejen y modifiquen regularmente en los niveles de conducción y decisión. 

No estamos, como dicen algunos involucrados, ante un caso de democracia en dónde predominan y mandan las mayorías. No hay una renovada igualdad de circunstancias, condición elemental de la democracia. Ni una decisión directa de los miembros del partido. De imponerse la permanencia en las instancias de decisión de una mayoría que no refleja la nueva realidad -mediante una especie de "secuestro" de la representatividad del partido en detrimento de otra parte del mismo-, estaremos simplemente ante un obvio, elemental y vulgar asalto a las candidaturas en juego para el próximo año.

Es sabido que las estructuras burocráticas (no peyorativo) tienden a reproducirse a sí mismas y a buscar las formas de perpetuarse. Cuando en niveles de representación colectiva lo logran por medios activos, participativos y democráticos se amortigua la posibilidad de distorsiones y de aparición de "castas" y "aparatos" alejados de sus supuestos representados.  Esos riesgos y tentaciones persistentes en "los aparatos" debieran ser ferozmente combatidos en un partido saturado de demócratas confesos que tienen como una de sus razones políticas de ser el luchar incansables porque el régimen democrático, legítimamente representativo, predomine en la vida pública de la sociedad. La amarga medicina de la continuidad y la permanencia de estructuras organizativas no representativas justificadas por una supuesta necesidad de mantener la estabilidad de la organización (y en este caso por la necesidad de la "unidad" frente a una contienda electoral presidencial) nos fue aplicada durante años por un régimen contra el cual ahora se lucha para evitar que se restaure. ¿Cómo combatirlos si los arremedamos?. Caso paradigmático el de los sindicatos "charros", ¿remember?.

Finalmente, el tema controvertido de volver a abrir las alianzas amplias es, hasta ahora, un mero e intencionado asunto de interpretación. Tal como quedó el acuerdo del Congreso que mandata al establecimiento de "alianzas electorales con todas las fuerzas de izquierda, además de democráticas ciudadanas y progresistas" ha sido suscrito tanto por quienes pudieran estar pensando en eventuales alianzas con el PAN como por algunos de entre quienes se oponen tajantemente a ellas. Round de sombra. Otro tanteo que habrá de resolverse en el siguiente capítulo: en la negociación, las corrientes, los candidatos y el Consejo Nacional.