El pueblo elije libre y el gobierno lo castiga

Es bien sabido que el federalismo mexicano se comporta, para efectos presupuestales, con un acentuado centralismo en el manejo de los recursos públicos federales y que los transfiere, con diferentes mecanismos administrativos, hasta los municipios en proporciones muy menores.

Ejemplo es el caso que nos ocupa: el denominado Ramo 28, "Participaciones a Entidades Federativas y municipios", mismas que están constituidas por dos fondos principales: Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal.

De acuerdo con las disposiciones oficiales, del primer fondo se le destinan a los municipios al menos el 20 por  ciento de los recursos transferidos a los estados, también por dicho fondo. El segundo fondo se conforma con el 1 por ciento de la recaudación federal participable y se distribuye a los municipios a través de los estados garantizando que las cantidades no sean menores a lo recaudado localmente por impuesto predial y por derechos.

Un dato a considerar: según cálculos de analistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) las participaciones federales significan, en promedio, la mitad de los ingresos de los municipios del país.

De manera específica, las participaciones del Ramo 28 significan la única fuente de recursos descentralizados que se manejan libremente por las legislaturas locales, pero, como puede verse, existen criterios básicos para su aplicación además de que la práctica va estableciendo criterios comparativos de un año a otro. Que sea de “manejo libre”, no significa que su asignación a los municipios deba ser discrecional y arbitraria por parte de los gobiernos de los estados.

Es el caso lamentable de Quintana Roo. Primero falseando la información: de acuerdo con declarantes del gobierno del estado, de su oficioso vocero el dirigente estatal del PRI y de plumas afines a ese poder, en 2011 el gobierno federal ha disminuido las participaciones de este Ramo. Mienten. Según datos del Diario Oficial de la Federación, a Quintana Roo le habría sido asignado este año en el Ramo 28 un incremento del 7.5% con relación al anterior, pasando de 3 mil 489 millones de pesos a 3 mil 883 millones.

Segundo, utilizando ese dato falso para disminuir el monto de las participaciones asignadas a los municipios presididos por partidos políticos distritos al PRI, en una actitud clara de represión política con intensión electorera. Es el caso de José María Morelos (PRD) y Lázaro Cárdenas (PAN) cuyos gobiernos han reaccionado denunciando el hecho y demandando se les entregue lo que corresponde.

Como es un manejo mal intencionado y no pueden responder con razones fundamentadas y datos reales, el gobierno del estado y sus oficiosos voceros han desatado una oleada de intolerancia y cerrazón calificando a la petición de los gobiernos municipales demandantes de “ignorancia”, “capricho pueril” e “incapacidad para gobernar” entre otras cosas. No hay respuesta justificada, hay ataques.

Está visto y no lo oculta: el gobierno del PRI en Quintana Roo no ha sabido leer lo que significó el resultado electoral del año pasado. No ha podido asimilar la verdadera magnitud de su “victoria” relativa y de sus derrotas reales. No acepta la pluralidad, no la conoce, no sabe qué hacer con ella. Peor aún, seguramente le angustia pensar en el “hubiera” con los competidores completos en las boletas electorales. Más claramente su nerviosismo muestra la inquietud por un futuro incierto.

A lo único que atina es a exorcizar sus miedos y sus carencias con la censura mediática, la falsedad informativa, la soberbia y la distracción frívola. ¿A eso le llaman gobierno incluyente? ¿Así respetan la voluntad ciudadana? No es el caso.