Regular la democracia interna en los partidos

En los previos para las elecciones generales que se efectuarán en el Estado Español el próximo 20 de noviembre, el diario El Mundo de aquel país abrió un espacio público para recibir colaboraciones y opiniones, mismo que denomina "100 propuestas para defender y fortalecer la democracia".

Aquí una de ellas, relativa a la vida interna de los partidos políticos.
15. Democracia interna en los partidos

El Parlamento reformará la legislación vigente para establecer los requisitos mínimos en materia de funcionamiento democrático de los partidos. 
Será obligatorio elegir a los aspirantes a la Presidencia de Gobierno, presidentes de las comunidades autónomas y alcaldes de ciudades de más de 50.000 habitantes mediante un sistema de primarias que garantice la neutralidad del aparato del partido. 
También se regularán los congresos de los partidos para impedir que mecanismos como los avales o la disciplina de voto por comunidades desvirtúen la democracia interna. 
Nadie podrá ser sancionado o expulsado de una formación por ejercer la libertad de expresión de forma crítica hacia la dirección.
Los partidos son agrupaciones de interés general y reciben subvenciones públicas, por lo que es exigible que funcionen de forma democrática a nivel interno. Esto no sucede en estos momentos porque por diversas circunstancias, entre ellas, el sistema electoral, las cúpulas de los partidos tienen un poder excesivo, que ejercen sin debate interno.
Hasta aquí la cita...
Y en ella puede verse que en todos lados se cuecen burocracias: el peso de los aparatos y las cúpulas sobre la militancia, la ausencia de debate interno, la censura a la libertad de expresión, el voto interno disciplinado, acarreado, de corriente, corporativo o hasta comprado. 
Interesante será ver los avances y modificaciones que pudieran aplicarse en la legislación electoral española. Mucho mejor será que desde los partidos en México procedamos a hacer lo propio, empezando por reconocer un razonamiento básico: si los partidos son instituciones de interés público les debe ser exigible, por vía normativa, que funcionen internamente de manera democrática y que de esa forma contribuyan a la vida democrática que demandan para el conjunto sociedad.

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