El doble regreso de Greg

Gregorio Sánchez regresó absuelto a Quintana Roo. No llegó reclamando que se le reconozca como el gober legítimo. Sobre su abrupta e injustificada eliminación de la contienda electoral, en el momento en que su campaña alcanzaba la cúspide, ha guardado prudente y cuidadoso silencio. El “hubiera” parece no estar entre sus motivaciones para el otro regreso, el político.

Para algunos el tema es incómodo, por interesadas razones lo omiten, pero es necesario tratarlo. El método de eliminar al contrincante funcionó a medias. El ahora legalmente gobernador Roberto Borge alcanzó un triunfo, para efectos prácticos, por default  lo cual se evidenció en el hecho de que el PRI obtuvo, en general, un resultado electoral adverso en el estado. Es decir, el gobernador legal tiene una carencia de legitimidad de origen. Es un hecho consustancial a la forma como se dieron (o se provocó que sucedieran) las cosas.

Esa condición de legitimidad cuestionada se agrava al haber sido liberado Greg en el plazo previsto por sus abogados desde la primera semana de su cautiverio. Al analizar las aberraciones jurídicas en el montaje de la acusación, así como la forma y momento de su detención, adquirió certeza la suposición de que se trató de una eliminación política, un golpe judicial sin sustento jurídico, mismo que podría ser revertido en un plazo máximo de año y medio. Frente a la evidencia jurídica, la impotencia política. Sólo quedaba proceder a la defensa y esperar. Tal como sucedió. Por el comportamiento posterior de algunos de los actores, cobra vida la especie de que llegó a estar en medio de un complot para sacarlo de la contienda.

La obvia confusión y el desánimo de la ciudadanía ante la detención tuvo sus efectos electorales pero ni de lejos resultó una derrota determinante para las fuerzas políticas contrarias al PRI. Con ese antecedente bien pudo Greg regresar en actitud revanchista, denunciando la ilegitimidad de un gobierno artificialmente implantado, polarizando a la sociedad y enrareciendo el ambiente de estabilidad relativa en el estado. No ha sido el caso. Por el contrario y a pesar de todo, el regreso político de Greg está siendo desde abajo y desde adentro. En su propio partido y sin pretender alterar la vida pública.

Abonar con la prudencia a la estabilidad institucional, a pesar de haber sido víctima de una crisis institucionalizada, debería ser reconocido. Quien más debería reconocerlo es el propio gobierno. No con discurso ni con monumentos de arena. La mejor manera sería que construyera, con hechos, su propia legitimidad. La condición es propicia. Lamentablemente hasta hoy, no hay señales positivas.

Aunque suenen parecidas, legalidad y legitimidad no son lo mismo. La primera es un resultado jurídico, la segunda es la suma, integración y reconocimiento de voluntades políticas.  Ambas son factores necesarios para la estabilidad y el buen funcionamiento de los gobiernos en el marco democrático, plural.

Son los gobiernos autoritarios los que suelen justificarse legalmente sin dar mayor importancia a tratar de aparecer legítimos, moral y políticamente aceptados ante los ojos de los gobernados y mucho menos de sus oposiciones organizadas. Suelen soportarse sobre actos de autoridad y de coerción con la política de la zanahoria y el garrote y, en los casos extremos, con la máxima de plata o plomo.

Contrario a su propio discurso, el gobierno del Roberto Borge hasta ahora ha optado por privilegiar esta vertiente, que no es otra más que la herencia del rancio, tradicional y anticuado estilo priísta de gobernar. Las voces críticas no se toleran: se amordaza y censura a los medios de comunicación, presionando a comunicadores y desterrando a la libertad de expresión. Ni de lejos se piensa en la posibilidad de multiplicar aciertos reconociendo y corrigiendo errores. Al contrapeso legal y legítimo de la oposición, mandatado en las urnas por la ciudadanía, se le presiona, chantajea y tuerce la mano cuando no se trata de untarla. Se judicializa la controversia política. Puede percibirse el tufo de la simulación en la “obediencia ciega” de los funcionarios de gobierno.

Claro ejemplo es el procesamiento administrativo y mediático que se le han dando a las aclaraciones y posibles sanciones para quienes la Auditoría Superior del Estado ha identificado como responsables por el manejo irregular de 89 millones de pesos en la pasada administración municipal de Benito Juárez. Notorio el énfasis en publicitar nombres de culpables y de exonerados.  Debe haber rendición y aclaración de cuentas, desde luego. Pero forma y momento hacen ver a éste como un ajuste de cuentas dirigido en contra de Gregorio Sánchez.

¿Otra vez tratando de eliminar al contrincante?

No se debe jugar con la estabilidad de los quintanarroenses y Greg parece estar en actitud de no hacerlo. Nuevamente tendrá que aclarar y defenderse. Sin que se le noten síntomas de algún temor. Por algo ya está activo en el doble regreso. La responsabilidad principal es, entonces, de quienes ostentan la fuerza y el poder legal. Si en vez de azuzar a sus fantasmas y despertar a los demonios actúan con visión de Estado (con mayúscula), analizan el contexto (a pesar de las elecciones en puerta), manejan bien los tiempos e  identifican a sus mejores interlocutores, pudieran aprovechar la oportunidad para dar vuelta a una página tachada y utilizar los cimientos, que están ahí, para una nueva (incluyente) construcción política del futuro.

La simple intuición histórica suele decir que el futuro está en manos de los jóvenes. Lo que no sé es si en este caso alcanzan a verlo.

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