Michoacán después del domingo

Como creo que fue el caso de todos en el PRD, en su momento tuve la preocupación de que un mal procesamiento de las elecciones internas el 23 de octubre podría traernos un efecto negativo en los comicios de Michoacán. La suspensión y posposición de esas elecciones en cinco estados, especialmente por el impacto nacional de que hubiese ocurrido en el DF, me llevó a decir que Silvano sería el principal damnificado. Otro poco le abona que no se hayan podido llevar a cabo ni en el segundo intento en Chiapas y Oaxaca. Será esta la aportación del propio partido a la complejidad del proceso y al riesgo de que se cierre la contienda.

Pero ni de lejos puede afirmarse que estos hechos configuran las razones que habrán de determinar los resultados del próximo domingo ni los efectos que éstos habrán de tener para los sucesos posteriores y para la democracia en el país. 

Lo que estamos sabiendo que sucede en Michoacán y lo que ahí habrá de ocurrir después de 13 de noviembre tiene que ver con la tensión provocada por una estrategia electoral de Estado consentida y aceitada desde el más alto nivel del gobierno federal. El PAN dando muestras de estar experimentado en el ejercicio del poder al estilo prísta. Los síntomas, las señales, las evidencias no dejan lugar a dudas.

La cargada política federal a favor de la candidata llamada Cocoa ha sido evidente. Los delegados de las dependencias federales han estado intensos activando recursos y personal en esa faena. Al gobierno del estado se le retuvieron las aportaciones presupuestales federales desde hace meses con obvias intenciones. Ha tenido que demandar judicialmente por eso. Medios de comunicación presionados e inclinados hacia la candidata del PAN. El propio incremento de la tensión por la seguridad tiene un toque sospechoso de amedrentar al electorado: el ejército y los cuerpos de seguridad nacional recorren ciudades y comunidades no en actitud preventiva sino en aparente acción de ocupamiento del territorio. El ultraje a las reglas de la competencia es impune: las autoridades electorales reportan cifra récord de más de 200 denuncias e inconformidades por una elección ¡que todavía no se lleva a cabo!. Se le reprocha un proceder pasivo y laxo. Varios candidatos han estado expuestos a peligrosas amenazas. La premisa es: primero ganar, a como dé lugar, y después que los tribunales intervengan. El que pega primero tiene la ventaja. El gobierno de Calderón está utilizando toda la fuerza disponible para pegar fuerte.

Se dirá que las incesantes denuncias por la inequidad que está presentando el PRD, que gobierna el estado, son patadas de ahogado. Preventivas. Amarrándose el dedo. Poniéndose el huarache antes de espinarse.

O habrá quien asegure que, obvio, en este nuestro patrimonialista país el Presidente de la República no iba a dejar a su hermana competir por la gubernatura del estado natal de la familia (ni siquiera para reina de la primavera) en "igualdad de circunstancias", es decir, a la buena de dios y de sus propias posibilidades. El honor del abolengo podría estar en riesgo y si la patria es primero, la familia está antes.

Pero en este caso lo que se ve venir si debe juzgarse. Advertirse. Lo que en Michoacán suceda el domingo no será cosa de un resultado electoral más. No es solamente ganar o perder un gobierno estatal.

De consumarse la imposición del aparato de Estado como forma de cargar la elección, en esta ocasión a favor de la hermana del Presidente, no será un rutinario resultado adverso para el PRD y para el PRI lo cual sería propio de una democracia real. Ni siquiera se estaría adelantando una inclinación marcada de las preferencias electorales para el año que entra. Eso, me parece, es impreciso y lo de menos. Lo significante será que el país estaría terminando de dar el viraje de retorno, por los caminos de Michoacán, de los breves avances que hasta ahora ha logrado nuestra incipiente democracia y pluralidad. Nos internaríamos rápidamente por las sinuosas veredas de una especie de autoritarismo plural o de democracia salvaje, (como se prefiera y hasta donde alcance), según la cual el que tenga el poder habrá de imponerse como sea y que cada quien se defienda desde las trinchera que logre conservar.

Así, iríamos a una competencia cruenta el año próximo. Sin concesiones. De alto riesgo. Tal vez sin límites. Y ni siquiera -si la forzara el choque de poderes fácticos y formales- una eventual alternancia en la Presidencia nos sacaría automáticamente de ese enredo y sus secuelas. Por el contrario. Las condiciones para mantener buenos niveles de competencia electoral real y representativa se cerrarían. Hay quienes lo esperan y desean. Entre algunos de quienes se mueven alrededor de Peña Nieto hay claros síntomas de esas tentaciones. Ya hicieron la primera parte en la Cámara de Diputados.

Habrá responsables y, hay que decirlo, no serán únicamente los panistas. La reforma política de fondo se quedó esperando. Estancarla le mandó una muy mala señal a Michoacán. Y ahora desde ahí está a punto de enviarse el revire a todo el país gracias a un capricho partidista y a un juego de familia. La democracia, la participación ciudadana, la pluralidad, la transparencia, las reglas imparciales de competencia política están en riesgo. El poder del dinero y de la coerción imponiéndose abusivos por encima del ciudadano. En un país cargado de violencia y de pobreza. No es cosa menor.