Democracia en fábrica de pobres

No falta razón a quienes afirman que en nuestro país obtener el derecho a la democracia participativa puede ser un arma de dos filos: procedimientos como la consulta ciudadana, para aceptar o rechazar reformas legislativas, pueden arrojar resultados inesperados e indeseables para sus promotores. 

Cuando la mitad de la población subsiste en condiciones de pobreza, los resultados de la libertad de decidir se pueden ver sesgados e influidos por la necesidad de sobrevivir: un plato de frijoles (por decirlo de alguna manera) puede motivar la asistencia a un acto público, un aplauso, una levantada de mano y hasta un voto secreto. Bajo esas circunstancias ejercer ciudadanía no es necesariamente sinónimo de autonomía. 

Esta debilidad social se aprovecha desde los centros de poder político y económico para ejercer control, manipulación y distorsión de la voluntad de los más vulnerados. Es la mal afamada compra del voto; gangrena de las contiendas electorales. Práctica que, por cierto, no se restringe a un sólo partido político. Competencia desigual en la que se imponen la coerción y el dinero.

Por eso la consulta popular puede ser un arma de dos filos, visto desde el lado de quienes la están motivando. Si las firmas se consiguen y los procedimientos se cumplen en tiempo, la consulta para ratificar o no la Reforma Energética, ¡el mismo día y al momento de las elecciones federales del próximo año!, puede destapar la caja de las peores sorpresas.

Ello no quiere decir que debamos renunciar a la ampliación de los derechos políticos y democráticos. Por el contrario: hace falta más democracia. Si, pero con justicia social. Una sin la otra es sólo un juego perverso. Dicho en palabras de Nelson Mandela: "Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento".

Justicia social que debe empezar, entonces, por atender necesidades tan básicas como la urgencia de comer. Esta visto: no hay ciudadano pleno cuando se sobrevive con hambre. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) más de 53 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza; de los cuales más de 11 millones estarían en condiciones de pobreza extrema, uno de cuyos parámetros de medición es la carencia por acceso a la alimentación. Detrás de la estadística, la inmoralidad y la vergüenza.

Entiendo que por eso existen programas de gobierno como la Cruzada contra el Hambre, pero hay que verlo con precaución, por insuficiente, a pesar de los esfuerzos de Rosario Robles: es un programa sin los recursos adicionales necesarios y propenso a quedar limitado a medidas asistenciales temporales que no impacten en el crecimiento económico nacional, ni en el bienestar a largo plazo de los beneficiarios. Más aún, la sociedad debe estar pendiente de que tampoco se utilice para la coerción política y el clientelismo electoral. Esperemos que todos los Delegados de la Sedesol y los ejecutores del programa (y de todos los programas sociales a cualquier nivel) entiendan el mensaje de Nayarit donde la Delegada del ramo fue destituida (aunque a destiempo) por hacer proselitismo con recursos públicos.

Vigilar, auditar y, donde se pueda, ayudar a ejecutar los programas sociales que realmente son útiles para la gente, debe ser una tarea prioritaria de la izquierda en las actuales condiciones. Promover sus propias vías de organización comunitaria, de producción y consumo, desde luego. El objetivo debe ser invertir los términos de la relación ciudadanía-poder. Hacer ciudadanía verdadera para obtener poder. El poder a la ciudadanía. Desgraciadamente anda muy ocupada buscando reflectores y disputándose clientela: medidas desesperadas para desatarse las manos que quedaron atoradas en los pactos en que se enreda.