El Obispo y la Constitución

Refundar al Estado Mexicano de manera pacífica mediante el establecimiento de un Congreso Constituyente que sea democrático y, por tanto, representativo de la voluntad popular, y con ello modificar el pacto social en beneficio de las grandes mayorías hasta ahora marginadas y empobrecidas. A riesgo de estar simplificando, así resumiría la propuesta presentada públicamente el pasado 5 de febrero, en la Ciudad de México, por un grupo de ciudadanos y personalidades para convocar a lo que han denominado la Constituyente Ciudadana-Popular.

El vocero y promotor principal de la iniciativa es el Obispo de Saltillo, Raúl Vera Lopez, quien está realizando recorridos por diferentes puntos del país para difundirla. Según versión que circula en redes sociales, el próximo 26 de marzo habrá de estar con ese fin en la ciudad de Cancun. 

El Obispo Vera forma parte de esa respetable vertiente de clérigos y religiosos que asumen el compromiso doctrinario vinculándose en la calle -y no solo desde el púlpito- a los grupos sociales marginados. Muchos casos simbólicos han existido en nuestra historia, aunque no gusta que lo encasillen como parte de la Teología de la Liberación. Valdría la pena escuchar directamente su propuesta y, de ser posible, expresarle dudas e intercambiar opiniones.

Comparto la idea básica de que el pacto social en México ya es un desarreglo incorregible. Ha sido desarticulado por la desigualdad, el abuso, la corrupción, la violencia (y todo lo que quiera agregarse): crisis institucional se le dice, aunque también lo es de valores. Un desarreglo que no tiene solución con parches y remiendos: México amerita un gran acuerdo nacional popular e integrador; una nueva Constitución construida con la participación de la gente y no solo por eruditos, especialistas o auto denominados representantes de la sociedad. 

¿Es eso posible de manera pacífica? Es lo deseable, aunque la historia mexicana juega en contra: los Constituyentes de 1857 y de 1917 fueron el resultado de dos guerras civiles cruentas: a la primera la conocemos como "Guerra de Reforma" y a la segunda la denominamos "Revolución Mexicana". Fueron los nuevos acuerdos pactados después de dirimir y modificar la relación de fuerzas con las armas. ¿Que, entonces, necesitamos para que ahora sea diferente? Una amplia movilización social, pacífica pero muy extensa e intensa (con los riesgos que en si misma lleva) para arrinconar a quienes manejan el juego e imponer nuevas condiciones para cambiar las reglas del juego. Una movilización ciudadana por una nueva Constitución que apunte hacia una sociedad más justa, que integre y comprometa a todas la partes. 

Sin embargo, los documentos promotores de la Constituyente Ciudadana-Popular son abundantes en detallar los agravios sufridos por los mexicanos y en las razones para motivar de manera pacífica una nueva Carta Magna; pero son parcos, prácticamente omisos, sobre los pasos a dar para hacerla posible. Cuando mucho, apuntan hacia el choque político: 

"La idea de que en México exista una nueva Constitución, proviene del propósito, finalidad, y objetivo, de que todas y todos los ciudadanos mexicanos nos convirtamos en sujetos constructores de la historia del país. Se trata de elaborar una Constitución, y de elegir después un nuevo Congreso, sin que participen los Partidos Políticos, porque son ellos los que están enviando a las curules personas deshonestas, faltas de ética, ambiciosas, que son verdaderos mercaderes de carne humana.

No queremos que sean los partidos políticos los que impongan a nuestros legisladores, o a cualquier otro cargo público en el País, porque la clase política mexicana es una clase degradada. La ausencia de ética y el cinismo, son características primordiales que tienen estas señoras y señores que llegan a los cargos públicos. Con honrosas excepciones claro, no se puede generalizar."

Menos mal que la excepción se modera: ¿que se haría con ella? ¿se suma o se ignora? ¿y quienes decidirán quién es una honrosa excepción?

Que no sean las burocracias actuales de los partidos las que impongan legisladores y gobernantes. Perfecto. Que no sean los partidos políticos los que sustituyan a la gente. Muy bien. ¿Y cómo se haría la elabración de la nueva Constitución  y después cómo y por quién se aprobaría equilibrando los diferentes puntos de vista y respetando la pluralidad política y social? La propuesta apunta de manera implícita hacia la organización paralela desde abajo; hacia la dualidad de poderes: el pueblo movilizado contra los partidos, sus burocracias y las instituciones que los hacen posibles. Y eso, está visto en la historia universal, nunca se resuelve por las buenas ni en paz.

Una idea central compartida y un quehacer que pone la duda e invita al debate. Habrá que escuchar lo que tiene que decir el Obispo Vera.