Diversión de poderes
Si hay algo que le
vendría bien a cualquier intento serio por mejorar el régimen democrático que
se presume en el discurso nacional sería propiciar una real y legítima
separación de poderes. Está en la ley, pero la imbricación difusa que los
entrelaza de manera subordinada propicia acciones institucionales que no solo
generan confusión, sino desconfianza.
En medición internacional de la OCDE,
México ocupa el lugar 22 de los 34 países en cuanto a la confianza que tienen
sus ciudadanos en el sistema judicial. A nivel nacional el Poder Judicial ocupa
el penúltimo lugar de confianza entre todas las instituciones, sólo por arriba
de los sindicatos y los partidos políticos. Y visto por estados, Quintana Roo
encabeza la lista por debajo de la media nacional entre los peor calificados y
menos confiables. No oculta esa vocación el sistema local al haberse hecho
públicamente vergonzoso el asunto recién denunciado a nivel internacional de
los tribunales locales prestándose para la "legalización" del despojo
de propiedades privadas.
El poder legislativo
local tampoco las canta mal. Así como las aprueban igual se desdicen: las leyes
al contentillo del poder ejecutivo. Se ha devaluado a tal grado la función
normativa constitucional que una sesión de diputados puede de improviso agendar
para un solo día más de veinte o treinta puntos de acuerdo y desahogarlos
olímpicamente en unas cuantas horas a voto veloz. Además lo difunden profuso en
los medios como una gracia festejable.
Frente a la
necesidad, la obligación. Quintana Roo tendrá su oportunidad espacial para
romper esa inercia vergonzosa una vez dado el cambio de bandera en el gobierno;
por la gobernabilidad plural que se espera al no llegar la nueva administración
con camisa de fuerza partidista y por la gran disposición participativa que
muestra la ciudadanía organizada. Sin divisiones puede ser divertido, excepto
en la división de poderes.
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