El vínculo entre sociedad y gobierno.

Más de 1800 asociaciones civiles diseminadas en la geografía estatal debieran ser una plataforma de apoyo importante desde la ciudadanía para la implementación en tierra de los programas y proyectos gubernamentales que tienen que ver con la atención y el bienestar social. Lamentablemente es un número identificado en el papel pero que en los hechos dista de ser real. Hay más deseo de organizar para ayudar que voluntad para hacerlo efectivo. En la práctica solamente un escaso diez por ciento tiene algún tipo de vida pero solo un puñado tiene actividad permanente.

Con mucha frecuencia se dice, regularmente en tono crítico, que deben ser los ciudadanos quienes tomen decisiones y la batuta de acciones que impactan en la colectividad, ya sea del estado, de una ciudad o de una zona urbana o rural determinada. Resuena en el discurso con poca efectividad en los hechos. La sociedad parece una abstracción de arenga política mientras no se organice y actúe por las causas de su interés. Con esa realidad se enfrentan los gobiernos que quieran estar cercanos a la gente y, en el mejor de los casos, migran hacia una relación simplemente asistencialista o de plano clientelar entre gobernantes y gobernados.

Consultando con algunas organizaciones de la sociedad civil que se mantienen activas y a la expectativa de los cambios en los gobiernos, se derivan algunas propuestas que pudieran ayudar a hacer más transitable esa relación:

Dar cumplimiento a cabalidad de los programas y proyectos establecidos, al 100% de los presupuestos que tengan asignados o susceptibles de gestionar. A veces ni siquiera se solicitan.

Colocar en los cargos de responsabilidad del ramo social a personas capacitadas, con experiencia y vinculados con el tema y con las organizaciones. Gobierno con sentido y contenido social.

Establecer interlocución abierta para la consulta, ejecución y evaluación de las políticas públicas con las organizaciones sociales que cumplan con la normatividad y la profesionalización necesarias.

Urge una estrategia para la construcción de ciudadanía: estimular la creación, consolidación y profesionalización de organizaciones sociales, garantizando el respeto a su autonomía.

Propiciar el emprendimiento social: generación y apoyo de proyectos viables para la sustentabilidad económica de las agrupaciones de la sociedad, con sus programas complementarios de seguimiento.

Creación de un esquema funcional de evaluación y control de la política social: definición de indicadores precisos de medición de impacto. Programando, actuando y evaluando.

Es decir, sociedad y gobierno en una dinámica única; juntos pero no revueltos.