Gobernadores ponen en riesgo al Estado
La población dio su
veredicto en las urnas, manifestando su voto en son de castigo a una
administración que reprueba. Los observadores aseguran que mucho tuvo que ver
ese malestar ciudadano con el resultado del pasado 5 de junio. No se entiende,
entonces, que "juicio final de la población" estaría pendiente por
suceder, según palabras del senador priísta Emilio Gamboa dichas al desmarcarse
del gobierno saliente. En todo caso lo simbólico es justamente eso: que tome
distancia de un gobierno al que tanto consintieron.
Hasta ahora la
dirigente provisional del PRI nacional, Carolina Monroy, se ha referido en tono
de rechazo únicamente a las medidas que en Veracruz el gobernador César Duarte
ha pretendido implantar en plan de protección al estilo del "paquete de
impunidad" que se está imponiendo en Quintana Roo. De este último o de
otros como Chihuahua no dice nada. ¿Será Duarte quien caerá como el chivo
expiatorio?
Sin embargo, la
prensa nacional progresivamente se calienta con datos de las tropelías
realizadas por unos y otros al amparo del uso arbitrario del poder. Algunas de
ellas de verdadero escándalo y vergüenza pública. De ser comprobadas, el Estado
(me refiero al concepto global, nacional) estaría ante la imperiosa necesidad
de impedir que queden impunes por la simple razón que dejarlas pasar
significaría el estímulo a su repetición donde sea, con altos riesgos de que la
gobernabilidad termine por perderse toda. A menos que las palabras del senador
Gamboa signifiquen que por las vías institucionales no hay nada que hacer, que
no van a parar hasta que la gente harta ya de estar harta (dijera Serrat) se
vuelque a tratar de hacer justicia por su propia mano.
Quienes tienen voz
pública deberían pensar bien lo que dicen antes de adornarse con acrobacias
verbales solo para salirse por la tangente y, en los hechos, justificar lo
injustificable.
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