Transparencia para recuperar la confianza

Según medición realizada en 2015 por la organización Transparencia Internacional, seis mil millones de personas vivimos en países con serios problemas de corrupción. De 168 enlistados, México ocupa un lugar notable entre los más corruptos, con calificación reprobatoria de 35 puntos (en escala de 100 para los menos). Nada de qué estar orgullosos. Nada para consolarnos con el mal de muchos. Pero tampoco nada que no sepamos. El problema es crónico: es una de las principales razones del "enojo social" de los mexicanos con las autoridades y de la pérdida de confianza en las instituciones. Forma parte de las razones por las que en Quintana Roo tenemos cambio de colores en el gobierno estatal y algunos municipales.

Hay gran expectativa y esperanza entre la gente que eligió el cambio. Quedó manifiesto el hartazgo ciudadano con los que se van; tanto que con poco que se haga bien ahora parecerá que se hizo mucho, ya sea en infraestructura o en atención social; más aún en transparencia presupuestal y en rendición de cuentas. Pero hacer poco puede ser insuficiente. La situación exige un esfuerzo gubernamental extra: de la pobreza extrema y la desnutrición (que padece un 20% de la población), a la generación de oportunidades para todos. Difícilmente una sociedad se puede desarrollar cuando se le acumulan rezagos sociales como los que tenemos. Peor aún, son una bomba de tiempo para lugares con dinámicas de población creciente por migración, como es el caso del Caribe mexicano.

Frente a estos retos, el problema principal para los gobiernos es que nunca hay dinero que alcance. Por diferentes razones la captación y la recaudación pública se queda por debajo de las necesidades. Una de esas razones, hay que decirlo, es que quienes más se benefician de la dinámica económica (en este caso el turismo) son quienes menos aportan a la causa común. Es un problema de política fiscal general. Pero también es cierto que quienes administran los recursos públicos tienden a hacerlo de manera discrecional y nada clara, corrupta, lo que provoca un alto grado de desconfianza. Agréguele, como en esta ocasión, que las finanzas públicas locales están injustificadamente endeudadas al extremo y que el nuevo gobierno recibirá las cuentas en bancarrota. Se genera, así, un círculo vicioso de malos manejos públicos, desconfianzas y evasiones fiscales que dejan a la sociedad vulnerable frente a sus necesidades básicas. Huelga decir lo que ello significa en términos de seguridad, convivencia y calidad de vida.

Oportunidad obliga: si los nuevos gobiernos realmente quieren significar el cambio tienen la obligación de tomar la iniciativa para romper ese círculo. Con los pocos recursos que tengan disponibles habrán de priorizar las políticas públicas más urgentes, claro, pero sobre todo tendrán que estar dispuestos a sujetarse a la vigilancia y al escrutinio público, administrando honestamente y entregando cuentas claras.

Dada la triste realidad mencionada al inicio, hay una corriente mundial por la transparencia que puede ayudar. A nivel internacional se han ido estableciendo instancias ciudadanas autónomas y con autoridad moral, con estrictos criterios de seguimiento y evaluación de la transparencia en los gobiernos locales, para certificarlos como Gobiernos Confiables. Una vez certificados se recupera la confianza (y la autoridad) para recibir mayores recursos, captar inversiones a todo nivel y exigir el pago tributario de manera más equilibrada.

Cualquier otra cosa, por muy bien intencionada, se quedará a medias o será frustrada por la demoledora dinámica de un sistema corrompido, al que hay que empezar a combatir de una vez por todas.