Morena sigue en deuda sobre la deuda

Es de apreciar que los temas de interés general sean reflexionados y debatidos abiertamente; que se ventilen con datos, análisis y propuestas. Incluye airear los dichos y los hechos de personajes públicos que, por su condición, están expuestos a esa eventualidad. En una sociedad abierta no es opción evadirlo.

En Quintana Roo venimos saliendo de una obscura temporada sexenal de cerrazón en la que decir y escribir de manera libre e independiente lo que se piensa era causal placentera para el juicio sumario del verdugo inquisidor. Con uso y abuso del dinero público (cuyo origen y destino es parte del debate actual) se ahogó la voz crítica y la letra analítica, cuando no se distorsionó la percepción de la realidad misma, acallando y mancillando la libertad de expresión de manera sistemática.

El cambio circunstancia empieza a ser notorio. Al tenor del relevo de gobierno estatal se tropiezan consigo mismos los amnésicos que brincan de bando sin rubor, dando clases de moral y de lealtad improvisada, por un lado, a la vez que se reinventan los desbocados críticos sin autocrítica, por el otro. En contraste con el reciente ayer, hoy el no dinero oficial ha puesto muy ágiles y beligerantes a voces y teclas que en esos tiempos no se atrevieron ni siquiera a pensar diferente a la voluntad oficial por mera conveniencia. De la ausencia de crítica hacia los excesos gubernamentales pasaron a los apasionados excesos de crítica militante. Como quiera que sea, es preferible esta nueva ola que aquella parálisis. Con todos sus bemoles y riesgos.

CORREGIR ES DE SABIOS

Bienvenida, entonces, la reacción del Dr. José Luis Pech, en lo que corresponde a lo aquí expresado sobre sus dichos -en su calidad de representante estatal de Morena-  en relación a la deuda pública que está sumido económicamente al estado y sobre el anunciado proceso de reestructuración. Una reacción con la que no contradice ni desmiente mis supuestos, (contrario a lo que asegura alguno de sus defensores) sino que responde a las interrogantes presentadas.

Veamos:

• Mi principal argumento para afirmar que sus cuentas estaban “mochas” es que en la valoración política del momento (sobre todo siendo dirigente de un partido de oposición) el análisis sobre la crítica situación económica del estado no puede obviar la identificación de y la crítica hacia los responsables. Cargar la señal únicamente sobre el gobierno recién llegado -al presentar su opción para enfrentarla- suena, simplemente, tendencioso; si no es que hasta cómplice por omisión. En su reacción el Dr. Pech reconoce que “La administración financiera de Beto Borge y la de Félix González Canto ha sido nefasta para Quintana Roo y es el origen de la crisis financiera actual.” En efecto: acierta cuando se refiere a las dos como si hubieran sido una y la misma administración. Para más adelante proponer “aplicar la justicia contra Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, saqueadores del Estado, para recuperar recursos y acabar con la impunidad que auspicia la corrupción”. En hora buena. Es un posicionamiento hasta ahora ausente en el discurso de Morena y sus dirigentes. No hay evidencia contraria localizable a menos que se demuestre. Doy por hecho que no habrán de inhibir, sino por el contrario estimular, la participación y apoyo de sus representantes en el Congreso y en los cabildos a la hora de las acciones que pudieran realizarse para aplicar la justicia que también Morena demanda.

• Cuando he preguntado dónde estaba el Dr. Pech, al referir los momentos críticos del endeudamiento del estado que ha comprometido el futuro de los quintanarroenses, lo hice en la búsqueda de la posición crítica que no parece haber tenido en esos momentos, misma que ahora le surge tan presurosa y puntual con el nuevo gobierno estatal. La pregunta no trata sobre su presencia física en ese entonces, ni sobre si fue partícipe directo de los acontecimientos. No me toca. Ni me ocupa. En todo caso reconozco que es de sabios corregir y en la vida pública reconsiderar es muy propia de políticos pragmáticos; aunque en ambos casos vale más cuando se asume de manera auto analítica, clara y abierta.

• No me alcanza haber dicho que mentía. Dije que su manejo era parcial, sesgado en enfoque y omiso en la crítica, no sólo en su análisis financiero sino desde el discurso de campaña y, con ello, cómplice subordinado de los gobiernos pasados. La revisión de los hechos me lleva, entre muchos, a esa conclusión. Podrá ser tema de debate, aunque espero que sea sobre un pasado que Morena deje atrás. Cierto que las tablas utilizadas para el análisis de la deuda pública son las mismas oficiales. Eso no está cuestionado. Aquí mismo me he planteado la interrogante, en La deuda y la duda, sobre si el gobierno se pudo haber atado de manos con la propuesta de reestructura que anunció.

• Si, como afirma contundente EL Dr. Pech, esa no es la solución, la otra pregunta que he hecho es sobre cual sí es, sobre todo si tuviera el problema como responsabilidad en las manos. Su respuesta-propuesta, aunque puede ser coincidente, me parece insuficiente. Medidas como atajar la corrupción, como aplicar un programa drástico de austeridad disminuyendo salarios de funcionarios, gastos superfluos y otros costos, así como estimular el mercado local, siendo necesarias e ineludibles, no parecen alcanzar para cubrir una deuda total ya comprometida -desde antes de la reestructuración- por 35 mil millones de pesos a terminar de pagar hacia el año 2035, y a la vez poder cumplir satisfactoriamente con los servicios y programas de gobierno necesarios para la ciudadanía; para no hablar de realizar inversión productiva. Se necesita algo más que buenos deseos y llamados a la humildad, a la justa medianía y a la honestidad. Lo digo con preocupación como un tema no resuelto.

AMLO Y LA DEUDA NACIONAL

Tan es un tema difícil de resolver que el propio Andrés Manuel López Obrador evita hablar específicamente sobre su propuesta de tratamiento a la deuda en la eventualidad de llegar a la Presidencia de la República (para lo cual, dice en su arenga, “ya falta muy poco”).

Véanse, por ejemplo, los recientemente presentados Lineamientos del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. En su larga elocución, la voz más autorizada de Morena enuncia la gravedad que representa la deuda pública federal: “el país está más endeudado que nunca y ni siquiera se sabe”, dijo, apoyándose en sus datos: Calderón recibió 1.7 billones de pesos en deuda y la aumentó a 5.2 billones. Peña la lleva elevada hasta 9.2 billones y ello obligará a que en 2017 se desembolsen 600 mil millones de pesos únicamente en intereses. Suena agobiante y, desde luego, un tema crucial para el futuro de los mexicanos.

Algunos análisis especializados sobre las finanzas públicas aseguran que los egresos del Gobierno Federal destinados a pago anual de endeudamiento (capital más intereses) ronda en el 10% del presupuesto nacional, lo cual es un índice excesivo, inaceptable y peligroso. (El estado de Quintana Roo ha estado pagando un índice similar).

¿Cuál es la propuesta de AMLO? Únicamente atina a decir que su política al respecto estará basada en “cero endeudamiento y baja inflación”. ¿Les suena? Pero no dice algo más, a pesar de que en otros asuntos se esmera en desmenuzar al detalle sus intenciones.

Se antoja, entonces, reiterar, reformulada, la pregunta que le hicimos al Dr. Pech: ¿Qué hará AMLO si acaso llega a tener en sus manos la responsabilidad de responder por la pesada deuda pública del país? ¿La va a desconocer? ¿La va a pagar, como está, apoyándose en los ahorros de austeridad y del combate a la corrupción que anuncia? Por ejemplo, asegura que sus datos duros indican que la eliminación total de la corrupción va a aportar 500 mil millones de pesos anuales que hoy se fugan de una manera inmoral. El monto anda cerca del requerido para pagar los intereses anuales de la deuda. Sólo los intereses. ¿En caso de conseguir la captación en el corto plazo utilizará esos recursos con ese fin? El problema es que en el mismo discurso afirma que esos ahorros habrán de ser destinados para mejorar las condiciones de alimentación, salud, educación y vivienda que la población marginada más necesita. ¿Qué prioridad, entonces: la gente o la deuda? ¿O acaso la va a renegociar, sin conflictuarse con el poder financiero, para liberar recursos mientras afina y aplica su política económica y fiscal? Toda una incógnita sobre algo que, insisto, no es cualquier cosa como para evadirla.

LO LLAMAN CAPITALISMO SALVAJE

La deuda pública es un instrumento privilegiado por el capital financiero especulativo para hacerse transferir los recursos de todos a manos privadas. Es la expropiación consentida en cuya contratación, transferencia y uso van quedando tirados millones de pobres sobre los que surgen o se consolidan unos cuantos ricos muy ricos. Políticos y gobernantes de primer nivel, entre ellos. La deuda pública es el sustrato para la corrupción de altos vuelos; su caldo de cultivo. Por eso existen tantos países, regiones, estados y municipios endeudados y sobre endeudados en niveles exorbitantes, impagables, transfiriendo a unos cuantos particulares, una y otra vez, al infinito, los recursos de los ciudadanos.

Desde diferentes latitudes y en ciertos momentos de finanzas públicas desmanteladas, lastimadas por el pesado estorbo de sus deudas, las organizaciones de izquierda han demandado el desconocimiento total de éstas últimas y la negativa absoluta a pagarlas, arguyendo no solo abuso y quebranto financiero sino inmoralidad en su contratación y uso. Es una demanda que ha pasado al olvido en la medida en que los partidos políticos de esa filiación se han ido incorporando como parte corresponsable de las decisiones de Estado, ya sea en los altos niveles de los gobiernos o en los cuerpos legislativos. Medida que se considera inviable en la práctica por la amenaza de que la economía que se declare en impago quede totalmente aislada financieramente, y, por tanto, para efectos prácticos se ha convertido en un planteamiento de alto riesgo, demasiado revolucionario y políticamente impresentable en el juego de poder en el que las burocracias partidistas tienen mucho que perder. Ni quien se acuerde.

Algo similar sucede con la moratoria a la deuda, tan demandada en los años ochenta en América Latina, tanto a nivel de países como de gobiernos locales. La moratoria no es otra cosa más que la suspensión temporal de pagos, decretada unilateralmente por parte del deudor hasta en tanto no recupere las condiciones para continuar liquidando. Las veces que se ha aplicado ha generado entusiasmo inicial en los países que aspiran a tener un respiro financiero. Al final, el remedio termina siendo peor que la enfermedad porque, simplemente, el problema no se resuelve, sino que se pospone, se encarece y se hace más amenazante.

La deuda ha sido una carga muy pesada para los países pobres o en desarrollo. En particular para los gobiernos de corte progresista o socializante. La depresión económica de los años ochenta desató en América Latina y el Caribe una fiebre de moratorias que se aplicaron con efectos desiguales pero que, en general, al final contribuyeron para mantener a la región en los límites de contención del desarrollo para el Siglo XXI. En el año 2002, nuevamente lo hizo Argentina, que ha repetido el esquema en diferentes momentos posteriores de manera parcial, como en 2014. En abril de este 2016 el gobernador de Puerto Rico se vio inducido a firmar la ley que decretó la suspensión de pagos derivados de las obligaciones de deuda; situación que aún está por verse si ayudará para que la isla caribeña supere “una de sus peores crisis de la historia”.

ACECHAN LOS CARROÑEROS

El sistema orilla a los gobiernos a la negociación. Al barranco de la eterna renegociación o reestructuración de las deudas. Aun así, no hay peor amenaza que evadir y posponer el problema. Uno de los grandes errores en una economía es dejar crecer el peso de la deuda pública y sus obligaciones bajo el riesgo de caer presa de las mafias internacionales de la especulación mediante los llamados “Fondos Buitre”, instrumentos que no solamente saquean la economía de un país o una región, sino que pueden ser factor de desestabilización política.

Caídos en alto grado de desesperación los países rematan su deuda en calidad de baratija y posteriormente los compradores carroñeros privados tratan de realizarla al precio real en los tribunales internacionales. Se lo hicieron a la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, para desgastarla, desfondarla, desestabilizarla y hacerla caer, cuando la justicia norteamericana se hizo eco de los reclamos especulativos e inmorales contra un gobierno que no le era afín por razones ideológicas.

La historia se puede repetir y se la pueden aplicar a cualquiera. Las intenciones de gobierno más justas, progresistas y socialmente solidarias pueden ser abortadas por el manejo indebido o negligente de una indeseable herencia. La resolución práctica de la deuda pública no es, por lo tanto, un asunto de grilla barata o de ociosidad placentera. Es tema realista del debate económico para asegurar futuro en sociedad.