Unidad para el cambio

No es extraño que suceda y aun así transmite un cierto grado de agobio la decepción expresada por algunas voces de impacto público que en su momento pusieron en alto la apuesta por el cambio de gobierno en el estado. Dejan ver una ilusión insatisfecha porque su expectativa para que se hicieran cortes drásticos e inmediatos en las transformaciones era muy grande. Parecen decir: el cambio es ya y ahora o no será. Este tipo de reacciones suceden invariablemente en todos los giros tajantes del poder público, ya sea por el cambio democrático de partidos políticos en el gobierno, como también en los golpes de mano y en las revoluciones. En cualquier caso, sus promotores más sensibles y ansiosos suelen ser los primeros en dar la voz de alerta de que las cosas no van por donde se supone que deberían. A veces tienen razón, pero no siempre. No todos. Como suele suceder, depende de que se trate.

Afortunadamente, en México ya paso suficiente agua bajo el puente. Con la experiencia de haber visto las dificultades que implica el arranque de 'gobiernos del cambio' que han heredado condiciones políticas, económicas, administrativas y hasta anímicas de desastre, me parece que en este caso el desencanto es prematuro. Para balancear las posibilidades reales que el cambio tiene en Quintana Roo hay que poner las cosas en su contexto. O dicho de otra manera, -sin justificar absolutamente nada-, no se le pueden pedir peras al olmo. Son varias ramas del árbol de las que debemos colgarnos para observar el panorama.

La ruptura

La necesidad del cambio se incubó en el impresentable ejercicio de gobierno de Roberto Borge. Para quien quiso verlo, en la peculiar forma de gobernar del RB Team, -que en realidad era unipersonal-, se gestó la secuencia para una muerte anunciada. Advertida pero no necesariamente fatal: faltaba quien hiciera la tarea. En este caso era necesario el "quien" porque desde la oposición formal y real al PRI no había alguien con el peso necesario para significarse en la percepción pública como la opción de ruptura con posibilidades de triunfo.

Los priistas al mando prefirieron que la ruptura llegara por fuera en vez de gestionarla desde adentro. Es decir, optaron por jugar al cien por ciento de nada en vez de asegurarse el cincuenta de algo. Así les fue. Si a final de cuentas Carlos Joaquín hubiese sido el candidato del PRI de todos modos hubiese ganado porque a los ojos públicos logró colocarse (ayudado por la propia necedad de la autoridad) como el contrapeso de la voluntad de Borge.

La motivación general evidente que estaba en el sentir de la mayoría de la gente era extirpar esa práctica personalista, autoritaria burlona, abusiva y humillante. Eliminarla daría aire renovado para las aspiraciones de cada cual. Al retirarse ese obstáculo, cada grupo o sector social y hasta individuos levantan sus propias causas, justificadas o no, como las más importantes y esperan que sea en ellas donde se establezca, se cumpla y se haga evidente el cambio real y práctico.

En resumen: el cambio se hizo posible en torno a la figura de Carlos Joaquín González quien tuvo que, y pudo sumar a su favor todas las motivaciones del descontento, aunque con ello tuviese a la vez que aceptar sobre su espalda la amplísima gama de expectativas e intereses que buscarían su reivindicación en las nuevas circunstancias con él logradas, algunos de las cuales pueden ser contradictorias entre sí.

Si ello sucede cuando la opción de cambio se presenta por un solo partido, con un liderazgo histórico opositor y con un proyecto de gobierno definido y contrastado con el que se sustituye, se comprenderá la complejidad que guarda este caso particular (aunque no único ni el primero) en el que el liderazgo recae en una ruptura priista sucedida en la ocasión, el grupo que lo acompaña está bajo asedio pero en jaloneo interno permanente, lo arropan dos partidos distintos y distantes junto con otras expresiones políticas dispersas y, como se ve, los temas, asuntos, intereses, causas y demandas por satisfacer son un caleidoscopio que no deja de moverse.

Juntos al gobierno.

Por la complejidad acelerada y accidentada para establecer el encuentro entre los aliados y los acuerdos básicos para la competencia, era poco probable que, de buenas a primeras, se encontraran los puntos generales de coincidencia que a todos habrían de satisfacer a la hora de gobernar. Estos acuerdos programáticos suelen ser, cuando existen, el resultado del intenso ejercicio de diagnóstico, consulta y valoración política. Sobre todo de interacción política.

Así, una vez obtenido el resultado electoral deseado, se presentó la oportunidad para pasar a esa etapa que se había tenido que saltar, ahora necesaria para darle certeza a la posibilidad de hacer un gobierno compartido. De la alianza electoral al compromiso para armar un gobierno de coalición. Ameritaba cubrir el vértice de los acuerdos y compromisos necesarios de participación en gobierno que dejaran en claro los puntos de coincidencia, los que siéndolo tendrían que esperar, los que no lo eran, las prioridades reales identificadas y determinadas en función de las posibilidades presupuestales y de la demanda ciudadana; utilizando para todo ello a la política como el arte de lo posible.

En síntesis: precisar a los ojos de todo mundo, sin pie para equívocos, los puntos conciliatorios que le dieran contenido a una agenda común obligatoria para todo el que quisiera mantenerse en la suma de voluntades e, incluso, agregarse.

Esta es la parte más débil del proceso y, tal vez, la causa que está en el fondo de las expresiones de desaliento y decepción a las que hemos hecho referencia.

Lamentablemente, la atención principal se ha puesto en otros temas. A pesar de los apreciables esfuerzos de trabajos temáticos realizados en la etapa de transición, el arranque de las actividades formales se vio empañado por el bao de los puestos, los cargos y "las posiciones" en el gobierno. "Quién en dónde" se hizo a los ojos y ánimos de los grupos de interés (trasladando la expectativa al público) más importante que definir claramente "para qué".

El efecto ha dejado la impresión de que la agenda central ha quedado única y exclusivamente bajo la responsabilidad del titular del ejecutivo. El resto de las partes estaría actuando con un grado considerable de improvisación. El retraso en la presentación de los ejes temáticos del Plan General de Gobierno reforzó esa percepción.

La agenda posible

Comparto el comentario, cada vez más extendido, de que la sociedad quintanarroense espera de la nueva administración estatal que, por lo menos, cumpla con dos objetivos: un buen gobierno de cara a la gente y que se haga justicia. Simultáneamente. Uno sin el otro, por muy bueno que sea, será insuficiente.

Para todo gobierno electo democráticamente y dispuesto a cumplir con su responsabilidad la certeza más complicada es tener que reconocer la imposibilidad de realizar un ejercicio de gobierno que deje totalmente satisfechos a toda la comunidad e, incluso, a todos los que lo apoyaron, lo pusieron ahí y, como en este caso, anhelaban el cambio.

La clave para superar con resultados aceptables esta circunstancia es encontrar, precisar y convenir los temas centrales de una agenda común que todos puedan compartir. Es la guía para dar contenido cierto y rumbo compartido al cambio. Los demás objetivos habrán de priorizarse, gestionarse y, eventualmente, resolverse a partir de ese marco primario.

Como punto de partida se pueden retomar los temas centrales surgidos como estandarte desde la campaña: lucha frontal y definitiva contra la corrupción; administración transparente; vínculo estrecho y fortalecimiento de la sociedad; apoyo a los sectores más vulnerables mediante el combate a la pobreza y a la desigualdad; corte de tajo a la impunidad.

Se entiende todo ello bajo la garantía de mantener las libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos, libertad de expresión y de organización. Supongo que nadie se opondría a lo anterior. En todo caso es para la discusión. Sus especificidades constituirán las políticas y los programas que cada una de las partes comprometidas deberán ejecutar.

Pueden parecer temas reiterativos y obvios, pero no hay como revisarlos, consensuarlos, suscribirlos y difundirlos para dar certeza a todos los involucrados en hacer posible de manera real, tangible y comprometida el cambio de gobierno, que no solo de gobernantes.

Por la otra parte, si no se ajustan cuentas con el pasado inmediato no habrá mucha credibilidad. No porque tenga que ser revanchismo, venganza personal o cacería de brujas, sino por un acto elemental de justicia y por la necesidad de mostrar sin titubeos que la cosa pública se encamina, si y sólo si, por la ruta del estado de derecho. Dejar claro que corre riesgos severos quien no cumpla con las mismas reglas del juego parejas para todos.

Gobernantes e impunidad

Hacer justicia por el saqueo y la humillación ejercida por el gobierno anterior no se va a conseguir con voluntarismo, decreto gubernamental ni, en última instancia, por decisión judicial local. La realidad es contradictoria y la impunidad de los gobernadores salientes parece un deporte nacional. Son muchos los que están en la mira del escrutinio público, pocos a los que se les señala directamente como responsables y contadísimos a los que se les aplica la ley. Hasta hoy no se ha visto que la persecución o caída de un gobernante estatal sea resultado de la acción directa de su sucesor, aunque este lo desee y promueva. Tampoco su salvación impune se resuelve a ese nivel. El jaloneo de la política nacional lleva la mano. Es ahí donde está el verdadero pacto de impunidad.

 Por eso es un exceso, si no es que un abuso, suponer siquiera que "la libertad de Borge para andar por el mundo" pudiera ser el resultado de un acuerdo de impunidad pactado con el gobierno de Carlos Joaquín. Peor darlo por bueno simplemente porque la gente lo hace su verdad al sentirse ofendida porque aún no se ha hecho justicia. La ligereza de esas afirmaciones abona a favor de quienes ostensiblemente están intentado obstruir -y si les es posible abortar- el proceso de cambio que recién empezó.

Como parte de esa resistencia al ajuste de cuentas y al cambio, los voceros priistas quintanarroenses se defienden escudándose en el discurso mañoso de exigir que las investigaciones no se politicen. Que no sea el revanchismo sino la justicia imparcial la que impere. Literalmente el burro hablando de orejas. En ese sentido, mientras más tiempo se deje pasar y se acerquen los momentos electorales próximos, más carga de veracidad propagandística podrá tener este argumento.

Más en corto, los priistas y aliados advierten amenazantes que el sistema político es un circuito cerrado que gira sobre un mismo eje para todos, una rueda de la fortuna pues, y que con la vara que midas...

Aunque no se crea, este argumento puede ser un disuasivo determinante para quienes toman las decisiones. Cuando ello sucede, la sociedad se queda sin referentes para ratificar su confianza en el marco institucional y democrático, provocando desilusión, alejamiento de la vida pública y en algunos casos ruptura radical con el orden legal por cualquier vía.

Reconociendo riesgos.

El tamaño de la expectativa que se genera en grupos determinados de la sociedad cuando la política les ofrece, bajo promesa, la posibilidad de cambiar y mejorar la condición en la que se encuentran, es solo un parámetro de referencia para medir la decepción que manifiesta cuando no se le cumple e incluso, cuando tiene la percepción de que eso sucede. No son directamente proporcionales: el desencanto puede ser muy superior.

Si se dejan avanzar las acciones premeditadas destinadas a descarrilar la experiencia de hacer un gobierno diferente y mejor -como es el compromiso público de quienes lo encabezan- sin poner un eje rector que deje claro quien está dentro y quien fuera de los parámetros mayoritariamente acordados, lo que llaman "el bono" de buena expectativa, credibilidad y confianza se puede perder.  Algo así como un "vale" al apoyo ciudadano que en cualquier momento podrá ser retirado.